Concejales del Frente de Todos (FdT) elevaron un pedido de informes al intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro (PJS-Juntos por el Cambio), para tratar de determinar si las 250 luminarias secuestradas durante un operativo policial efectuado en la zona este pertenecían al municipio.
El texto lleva la firma de los ediles David Mizrahi, María Elena Cortalezzi, Gonzalo Carrillo Leito, Emiliano Vargas Aignasse, Oscar Nagle y José Luis Coronel, todos afines a la Casa de Gobierno.
En la Banda del río Salí: secuestran más de 250 luminarias de dudosa procedenciaLa consulta es por los "hechos acontecidos el 24 de septiembre, cuando personal de la comisaría de Lastenia interceptó un camión que contenía 250 faroles de alumbrado público, y que fueron secuestrados por carecer de documentación respaldatoria". Los ediles recordaron que lo sucedido "dio intervención a la Fiscalía de Delitos Flagrantes".
"Es responsabilidad de este cuerpo resguardar los bienes y los intereses de los vecinos de San Miguel de Tucumán", remarcaron los concejales. Y le dieron al intendente un plazo de 72 horas (según lo establece Ley Orgánica de Municipalidades) para responder el cuestionario.
Los puntos del pedido de informes elevado a Germán Alfaro
Los ediles del Frente de Todos le consultaron al intendente:
1. "Si las luminarias que fueron secuestradas en el operativo son de propiedad de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán".
2. En el caso de que la respuesta afirmativa, le pidieron al jefe municipal que indique: a) El origen de las luminarias, "si fueron compradas y con qué fin"; b) "De haber sido retiradas de alguno de los puntos de nuestra ciudad, indique el motivo de dicho retiro y de qué lugar lo realizaron"; y c) "Quién ordenó el traslado, a qué lugar y con qué fin". También pidieron que señale, "en caso de existir documentación respaldatoria de lo acontecido, sirva presentarla ante este cuerpo legislativo en el plazo antes mencionado".
"Resulta oportuno recordarle que los bienes del municipio son de uso exclusivo de este, por lo tanto cualquier utilización fuera del ejido municipal debe fundarse en un acuerdo previo aprobado por este cuerpo; de no existir el mismo, podría ser pasible de una acción por incumplimiento de los deberes de funcionario público", advirtieron los concejales a Alfaro.